LA NEFASTA GESTIÓN DE DÍAZ AYUSO. O CÓMO DEJAR MORIR A NUESTROS MAYORES

2 de julio de 2020
Residencia Santo Domingo de Alcorcón.

Foto: residencia Santo Domingo de Alcorcón.

Rosi.- La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las terribles consecuencias de los recortes en sanidad y el horror de las residencias de ancianos, mostrándonos no solo el estado en que se encontraban, sino en cómo ha reaccionado el gobierno de la Comunidad de Madrid ante esta situación.

No solo les negaron el traslado a hospitales, sino que no medicalizaron las residencias.

El gobierno de la Comunidad de Madrid se ha portado de manera cruel con nuestros mayores durante esta tremenda pandemia. En los días más duros del Covid-19 dieron la orden de no trasladar a hospitales a personas ancianas, y el ejecutivo de Ayuso envió a los centros sociosanitarios una serie de protocolos en los que se restringía al máximo la posibilidad de trasladar mayores enfermos desde los geriátricos a los hospitales. Desgraciadamente esos documentos fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19.

La mayoría de las personas mayores que fallecieron en marzo en Madrid murieron en las propias residencias donde vivían, fueron abandonados a su suerte sin ser trasladados a un hospital para recibir asistencia sanitaria. Según los hijos y nietos de residentes a quienes fue denegada una hospitalización, la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de sus familiares.

El 30 de marzo, se habían registrado 2.465 muertes de mayores en residencias madrileñas. Esta cifra se disparó tras la orden de la Comunidad de Madrid de prohibir ciertas derivaciones al hospital, y del 25 al 30 de marzo en tan solo 5 días, murieron 1.364 residentes y sólo el 13% recibió asistencia hospitalaria.

Los hospitales se cerraron de forma casi total para nuestros mayores. El terrible Protocolo que había mandado la Comunidad de Madrid se cumplió a rajatabla.

Pero esta infamia no acabó ahí: lo más lógico y humano hubiera sido que, ya que no se trasladaba a los enfermos al hospital, al menos se trajera “el hospital hasta ellos”. No ocurrió así, y a las residencias no les mandaron ni medios ni personal para que los ancianos fueran tratados y protegidos. Residentes y trabajadores quedaron inermes y desprotegidos antes el horror que se les había venido encima. Fue una crueldad imperdonable, cometida por la Comunidad de Madrid. 

Varios ayuntamientos, entre ellos el de Alcorcón, denunciaron esta situación. Pero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM ) ordenó al gobierno regional que dotara de personal y medios a cuatro residencias de Alcorcón, ante el «grave riesgo para la vida» de los ancianos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lejos de aceptar esta orden, presentó un recurso  para tratar de dejar sin efecto el auto de 21 de abril, por el que obligaba a medicalizar las cuatro residencias de mayores de Alcorcón. 

Con esta orden los jueces obligaban al Gobierno de la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias de mayores de Alcorcón, es decir, a que las dotaran de todos los medios necesarios para atender a los pacientes. Ante el recurso, la respuesta del Tribunal Superior de Justicia fue contundente: rechazó el recurso de la Comunidad de Madrid y reiteró de nuevo a la Comunidad la obligación de medicalizar las cuatro residencias de ancianos en Alcorcón, añadiendo además una nueva imposición, por la que la Consejería de Sanidad quedaba obligada a  informarles cada semana de las medidas concretas adoptadas.

Aunque resulte increíble tanta crueldad, la Comunidad de Madrid cortó el cable entre las residencias de mayores y sus hospitales. Las familias quedaban estupefactas cuando les decían que habían pedido una ambulancia para los mayores enfermos con covid-19, y al otro lado del teléfono les contestaban con negativas. Posteriormente conocieron a qué se debía el rechazo: el terrible protocolo del gobierno de Ayuso. Unas 200 familias de mayores fallecidos en residencias durante la pandemia (actualmente la cifra de fallecidos se eleva a más de 6000 en la Comunidad de Madrid) se han organizado y han presentado una querella contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y otros cargos y responsables de geriátricos de la Comunidad de Madrid, por vetar el traslado de pacientes a los hospitales. El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforada de Díaz Ayuso. Aunque el recorrido judicial será largo, los familiares y toda la sociedad no dejarán de esperar a que se haga justicia.