De norte a sur, de este a oeste, salvemos la UE ¿Cueste lo que cueste?

9 de junio de 2020
foto-mural de la bandera de la UE

Guillermo L..- La expansión de la Covid19 por todo el mundo ha supuesto el mayor shock para la economía mundial quizá desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. 

Los organismos supranacionales, los estados, las empresas y todos los agentes económicos tratan de abrirse camino en medio de un panorama de crisis desolador y de alcance desconocido. 

Algunos países del seno de la Unión Europea (UE) como Italia, España o Francia han sido de los más golpeados por las consecuencias sanitarias y económicas del virus. Esta situación ha exigido una importante reacción por parte de las autoridades europeas. 

La crisis financiera de 2008 demostró las flaquezas de la Unión Europea y su falta de capacidad para dar respuesta a las necesidades de los países que han sufrido efectos asimétricos como consecuencia de los vaivenes económicos.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), parecía no haber aprendido la lección cuando afirmó, en unas declaraciones en marzo, que su institución no estaba para reducir los diferenciales.. Declaraciones que supusieron rápidas y negativas reacciones en la bolsa italiana. 

La maquinaria europea empieza a funcionar

Poco tiempo después, la presidenta trató de calmar las aguas. Quizá motivada por reminiscencias Draghinianas, recordó aquella famosa frase del entonces presidente del BCE, Mario Draghi: “El BCE está preparado para hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro y, créanme, será suficiente”. Quizá por temor a una crisis económica de alcance desconocido y con graves consecuencias para el mantenimiento de la unidad de la Zona Euro. O quizá por acabar entendiendo la particularidad del momento.

Lagarde se apresuró a emitir mensajes como “tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias” o “no hay límites para nuestro compromiso con el euro”. Después anunciaría lo que llamó Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés). Este programa que supondrá la compra de activos públicos y privados, por parte del BCE, por valor de hasta 750.000 millones de euros, mientras dure la crisis de la Covid19 o, como mínimo, hasta fin de año.

En abril, el Consejo Europeo aprobó un primer paquete de medidas de estímulo para paliar los efectos nocivos de la pandemia. El paquete, que previamente fue acordado por el Eurogrupo y en vigor desde el 1 de junio, implica:

  • 200.000 millones de euros en avales para empresas procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
  • 100.000 millones de euros destinados a cubrir la financiación de los ERTEs, procedentes de un instrumento creado por la Comisión y denominado SURE.
  • 240.000 millones de euros procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), para cubrir los gastos directos o indirectos relacionados con la pandemia, en préstamos sin condiciones mientras dure la crisis sanitaria. 

Divergencia norte-sur

Además del primer paquete de ayudas, la mayoría de los estados miembros, sobre todo los del sur, expusieron la necesidad de un plan de reconstrucción ambicioso que contrarrestara el shock negativo que la pandemia ha traído consigo. 

En este contexto, a finales de abril, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llevó al Consejo un non-paper con una propuesta: la creación de un fondo de recuperación europeo de entre 1 y 1,5 billones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea y financiado con deuda perpetua de la Unión. Esta propuesta gozaba del respaldo de los gobiernos italiano, griego, portugués, maltés y, en principio, también del francés.

La propuesta del ejecutivo español implicaba la transferencia a los estados miembros de estos fondos a través del presupuesto de la UE y en función del impacto de la crisis del coronavirus. Estas transferencias deberían comenzar en 2021 y durar dos o tres años. El objetivo de la propuesta sería de dotar a los estados miembros con herramientas para poder garantizar la reconstrucción económica tras la crisis dando prioridad a la transición ecológica y digital de la economía. Además se insistiría en una autonomía industrial y tecnológica de acuerdo con las prioridades de la Comisión Europea. 

La financiación de la propuesta española descansaría fundamentalmente en impuestos que tuvieran la capacidad de proveer a la UE de recursos propios suficientes tales como el impuesto al carbono en frontera, el impuesto al CO2, la tasa digital, etc. Este fondo se anclaría, además, al paraguas del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 de la UE. 

Mientras los países del sur de Europa consolidaban sus exigencias expansivas a la UE acerca de un gran fondo de reconstrucción, los países del norte, en concreto los denominados frugales (Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia y, a la cabeza, Holanda), se oponía taxativamente a “regalar el dinero”. Estos países se han mostrado siempre más partidarios a los préstamos con condicionantes supeditados a la estricta gobernanza presupuestaria europea que a las transferencias.

Es importante comprender que, por sus características, se trata de países con unas cuentas saneadas, lo que les permite adquirir financiación de forma muy ventajosa, ya que sus primas de riesgo son notablemente menores que las de países como España o Italia. Esto es lo que hace que sean reticentes a la mutualización de deuda comunitaria. 

El ejemplo más llamativo tuvo lugar con las declaraciones en el pasado mes de abril de Mark Rutte, primer ministro holandés, en relación con el paquete de ayudas aprobado por el Eurogrupo (540.000 millones de euros) y las compras de activos anunciadas por el BCE (750.000 millones de euros): “Esto ya es muchísimo dinero, me sorprendería muchísimo que nos gastáramos todo esto en lo que queda de año. Para mí, es difícil entender por qué necesitamos más dinero en los próximos meses”.

Unos días después de presentar la propuesta española en Bruselas, el 13 de mayo, el Parlamento Europeo aprobaría con una amplia mayoría una resolución que señalaba la necesidad de un paquete ambicioso de medidas para combatir la crisis. La resolución indicaba la necesidad de un fondo de unos dos billones de euros, la mayor parte de esta cantidad en transferencias, financiado con emisión de deuda europea cuyos intereses se sufragasen con recursos procedentes de impuestos propios y con una entrada en vigor lo más temprana posible. 

El Parlamento Europeo trató con esto de presionar a la Comisión Europea, que debía haber presentado una propuesta alternativa a principios de mayo pero, finalmente, retrasaría hasta finales del mismo mes. Es importante recordar que es el Parlamento Europeo el órgano encargado de aprobar el Marco Financiero Plurianual. 

Mientras tanto el eje francoalemán parece empezar a reconciliarse. El presidente francés, Emmanuel Macron, pasó de apoyar la propuesta de Pedro Sánchez a alinearse con Angela Merkel, la canciller alemana. La propuesta francoalemana intenta considerar y solventar las necesidades de los países del sur de Europa, atendiendo las exigencias de los países frugales y, en concreto, de Holanda. Proponen implantar un paquete de 500.000 millones de euros en transferencias a los estados miembros pero manteniendo como condición un necesario compromiso con la agenda europea de reformas. 

El ejecutivo español acogió esta propuesta como insuficiente aunque la consideró un paso en la dirección adecuada. 

Next Generation EU 2021-2024: La apuesta de la Comisión Europea

El pasado 27 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba su propuesta para la reconstrucción de una Unión Europea, azotada por los efectos del Coronavirus, un fondo denominado Next Generation EU 2021-2024. Una propuesta que para entrar en vigor deberá ser aprobada por el Consejo a mediados de junio y ratificada por el Parlamento Europeo.

El ejecutivo comunitario, encabezado por Von der Leyen (ex-ministra de Angela Merkel), puso encima de la mesa una propuesta con la idea de contentar a ambas latitudes de la Unión. Implica un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones van en transferencias a los estados, y 250.000 millones en préstamos reembolsables. 

Esta cantidad, aunque supera la propuesta francoalemana de 500.000 millones, dista bastante de la propuesta española (1,5 billones) y de la del Parlamento Europeo (2 billones).

Este fondo se financiaría con deuda de la Comisión emitida en los mercados de capitales con el respaldo del presupuesto europeo, algo que se podría entender como una suerte de mutualización de deuda, cosa que contenta a los estados del sur. 

El 80% del Next Generation EU cubriría una ayuda a los estados a través del mecanismo denominado Facilidad para la Resiliencia y la Reconstrucción (RRF, por sus siglas en inglés). Este dinero se vincularía directamente con la condicionalidad de la gobernanza económica comunitaria, sirviendo para seguir las líneas exigidas por el Semestre Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se observa en este punto un intento de complacer la ortodoxia que enarbolan los países frugales. 

El 15% del fondo se destinaría a la ayuda del sector privado y a las empresas más perjudicadas por la pandemia. 

El 5% restante se dedicaría al fortalecimiento del sector sanitario a nivel europeo.

Se estima que España podría recibir en torno a 77.000 millones de euros en transferencias y 63.000 millones en préstamos, es decir, 140.000 millones, cifras que constituyen un 11% de su PIB, quedando como el segundo país que más ayuda europea recibe detrás de Italia.

El BCE se compromete con la recuperación

Parece que el Banco Central Europeo está dispuesto a actuar para que lo que se entiende como una crisis coyuntural no evolucione hacia un problema estructural.

El 4 de junio conocíamos el anuncio de la presidenta de la autoridad monetaria europea, Christine Lagarde, sobre el incremento de la cuantía del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) lanzado en marzo.

El PEPP incluía la compra de títulos de deuda, tanto privada como pública, por un valor de 750.000 millones de euros, hasta finales de 2020. El anuncio realizado por Lagarde, implica la compra de títulos de deuda por valor de otros 600.000 millones, hasta junio de 2021. 

Se consolida, por tanto, el plan del BCE para inyectar liquidez en la economía por un valor total de 1,35 billones de euros. 

Con esto, el banco dirigido por Lagarde, pretende fundamentalmente dos objetivos: en primer lugar, mejorar las condiciones de financiación de la economía real, esto es, las familias y las empresas; y en segundo lugar, ante las perspectivas económicas y los distintos escenarios posibles, todos ellos implicando unas excesivamente bajas tasas e inflación, tratar de alcanzar el objetivo de medio plazo de una tasa de inflación inferior, pero cercana, al 2%.

En definitiva, parece que la Unión Europea, con sus fortalezas y sus debilidades, está intentando reaccionar para mitigar los efectos económicos de la pandemia. No obstante, los países del norte, los denominados frugales, no parecen del todo convencidos de la necesidad de adoptar “acciones extraordinarias” para “tiempos extraordinarios”. 

Surgen dos interrogantes fundamentales: ¿Hasta dónde llegará la gobernanza económica europea condicionando las ayudas a los estados afectados? ¿La salida de esta crisis contribuirá a la tan añorada convergencia económica o incrementará las divergencias norte-sur?